Lo que parecía un motín más en las peligrosas cárceles mexicanas, era una farsa, todo estaba planificado desde hace tiempo. El enfrentamiento entre cárteles, habitual en las prisiones del país, no existió. Los 44 muertos en el penal de Apodaca fueron ejecutados sin piedad: unos apuñalados con objetos afilados, otros golpeados con palos y piedras y, los menos, estrangulados. Casualmente, todas las víctimas pertenecían al grupo criminal del Golfo.
Poco tiempo antes, las alarmas de la prisión habían saltado porque 30 presos se habían fugado sin ser descubiertos. ¿Cómo es posible que en cuestión de minutos se produzca una fuga y, acto seguido, el linchamiento de casi medio centenar de reclusos de una de las bandas más despiadadas del país? Y lo que es más extraño, ¿cómo pudieron enfrentarse si ambos grupos estaban en patios aislados? La respuesta la han desvelado las autoridades mexicanas.
Los guardias de la prisión no sólo abrieron la puerta para que escaparan 30 miembros del cártel de los Zetas, sino que les dieron acceso al cuartel donde estaban encerrados los criminales del Golfo para que se perpetrara la masacre. Entre los fugados se encuentra Oscar Soriano, conocido como ‘La araña’, líder de Los Zetas en la ciudad de Monterrey.
El gobernador del estado de Nuevo León donde se encuentra el penal, Rodrigo Medina, reconoce que la acción fue preparada con tiempo y que contaron con la complicidad de los funcionarios de la prisión, “unos traidores”. Sin su cooperación, asegura, la fuga “no podría haberse realizado”.
Por este motivo, son ya 29 los “traidores” que han sido detenidos, entre ellos, el alcaide, el subdirector y el jefe de seguridad de la prisión junto a decenas de celadores. Algunos ya han reconocido su participación directa como colaboradores para la fuga y el posterior linchamiento. No se descarta, sin embargo, que haya más involucrados.
Los guardias de prisiones mexicanos son vulnerables a la corrupción debido a los bajos salarios y a que muchas veces sus familias viven en los mismos barrios marginales que controlan los miembros de las bandas a los que deben vigilar. No sólo eso, los Zetas son los dueños del penal donde a base de extorsiones manejan al personal, asegura el director del Consejo para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega.
A diferencia de fugas anteriores, nadie entró desde el exterior de la prisión para facilitarla. Las víctimas fueron seleccionadas y ejecutadas sin que nadie pudiera impedirlo, mientras entre los Zetas no hubo ningún herido, ninguna víctima. Por ello, Ortega considera que el asunto no se salda con las detenciones. Las responsabilidades apuntan más alto, al mismo gobernador de Nuevo León.
En 2011 ingresaron en el penal de Apodaca 1.500 nuevos presos, detenidos en el marco de la lucha antidrogas, con lo que la prisión pasó a tener un 80% de sobrepoblación y un número total de internos de 2500. Un hecho que se repite en la mayoría de penales del país, ya que no tienen capacidad para acoger a tantos reclusos. De hecho, hay en la actualidad 47.000 reos con condenas federales que han sido reubicados en prisiones estatales, menos seguras y más dadas a la corrupción y al hacinamiento.
Por este motivo, “el gobernador Medina es quién tiene que asumir la negligencia y la incapacidad en este caso”, sentencia el director del Consejo Ciudadano. Los fugados están en busca y captura y las autoridades estatales han ofrecido cerca de 10 millones de pesos (cerca de 600.000 euros) para quien ofrezca información sobre su paradero. Con todo, ¿podrán encontrar a los fugados? “Las autoridades saben que no, el dinero sólo es para que la gente se quede tranquila”, sentencia Ortega.
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