El Consejo General del Notariado ha comunicado que el coste que tendrá tramitar un divorcio o un matrimonio a través de un notario oscilará entre los 30 y los 50 euros. La cuantía, precisan, no la han fijado ellos sino el Gobierno y aparecerá publicada en el BOE para que no haya equívocos. El juez, el alcalde o el concejal eran, hasta el momento, los únicos validados para realizar ésta práctica. Trámite que no conllevaba ningún coste para los interesados. A pesar de ello, desde el Consejo acentúan que los costes notariales están muy equilibrados en relación calidad-precio. Como ejemplo, "el trámite de un testamento cuesta 50 euros o la constitución de una nueva empresa entre 50 y 150", señalan.
El presidente del Consejo, Manuel López Pardiñas, trasladó este martes a Ruiz-Gallardón que la viabilidad del sistema notarial está "en peligro" por la crisis económica y mostró la disposición de este colectivo a asumir nuevas funciones en jurisdicción voluntaria, arbitraje y mediación para "descongestionar" los tribunales. Petición que ha sido sopesada y llevada a la práctica. De esta manera los notarios podrán formalizar matrimonios civiles y divorcios siempre que sean de mutuo acuerdo entre las partes y que no afecten a los derechos de menores.
Por otra parte, el Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej) afirma que este colectivo también podría celebrar bodas y divorcios por acuerdo sin que los ciudadanos tuvieran que pagar nada, como sucede si de esta tarea se encargan los notarios.
El sindicato apoya que la jurisdicción voluntaria pueda reducir la carga de trabajo de los tribunales, pero sin que esta reforma suponga “menoscabo alguno al principio de igualdad de la ciudadanía para el acceso a los servicios públicos”, en referencia a la minuta que van a cobrar los notarios por celebrar matrimonios y divorcios. La jurisdicción voluntaria comprende aquellos procedimientos en los que no hay dos partes en litigio.
Por otra parte, El Sisej sostiene que “las atribuciones que dentro de la Administración de Justicia no tienen carácter jurisdiccional pueden, en todo caso, ser asumidas por otros cuerpos superiores del Estado, como en este supuesto los secretarios judiciales, dependientes del propio Ministerio de Justicia”. Asimismo, señalan que, si se optase por esta opción en vez de por los notarios, “se garantizaría la prestación del servicio público para todos los ciudadanos, cualquiera que sea su capacidad económica, y siempre mediante una oficina dotada de una agenda programada de señalamientos”.
Estos representantes de los secretarios judiciales destacaron que estos funcionarios están “perfectamente capacitados y dispuestos” para oficiar bodas y divorcios “con coste cero para la ciudadanía”.
Asimismo, el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, tambiénn reclama la opción de que "notarios, registradores, a lo mejor algún otro funcionario público y por qué no algunos abogados puedan contribuir a resolver lo que en principio no figuran como conflictos, sino problemas que hay que resolver jurídicamente de otra forma".
No hay comentarios:
Publicar un comentario