La propuesta de los presidentes del Congreso y del Senado de eliminar los privilegios de los parlamentarios en materia de pensiones va más allá de terminar con los complementos de la jubilación. Tal y como está redactada, la reforma supone erradicar todas las ventajas de los políticos en materia de pensiones, obligarles a hacer público su patrimonio y endurecer el régimen de incompatibilidades.
De ahí que surja la duda; ¿serán sus señorías capaces de renunciar voluntariamente a tantos beneficios? La primera prueba de fuego llegará con las enmiendas que presente cada grupo y, posteriormente, con la votación definitiva. Un proceso que se abrirá ahora después de que José Bono y Javier Rojo hayan publicado su propuesta.
Por el momento, los presidentes de ambas Cámaras han dejado abierta una puerta a seguir con estos beneficios si quedan fuera del Hemiciclo en las próximas elecciones generales, ya que "bajo el principio general del mantenimiento de los derechos ya adquiridos", se reservan el derecho a mantenerlos "hasta la constitución de las nuevas cámaras".
Pero, incluso con esta letra pequeña, la propuesta puede cercenar la mayoría de los beneficios de los políticos. Aquí están los más importantes:
A.- Pensiones
1-. Cotizar 37 años para cobrar la pensión máxima: En 2006 se regularon los beneficios de las pensiones parlamentarias que permiten a los diputados garantizarse el cobro del 80% de la pensión con apenas siete años en el hemiciclo, frente a los 28,5 años que necesitaremos el resto de los ciudadanos para alcanzar este umbral con la reforma de las pensiones, o los 25 que se necesitan ahora.
Más ampollas ha levantado el hecho de que los parlamentarios tengan derecho al 100% de la pensiones con apenas 11 años en el hemiciclo, frente a los 37 que se exige al resto de la ciudadanía con la reforma (35 antes de ésta), un privilegio que también desaparecerá si sale adelante la propuesta de José Bono y Javier Rojo.
2-. Si tienen paro, no hay más ingresos: Los diputados y senadores, cuando pierden su escaño, tienen derecho a una indemnización, equivalente a la prestación por desempleo de los trabajadores, pero con la diferencia de que se puede compaginar con otros ingresos. A partir de ahora, esta indemnización será incompatible con "cualquier trabajo remunerado mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o de cualquier otra manera". Tampoco se podrá percibir si se tiene una pensión.
3-. Se terminaron las prejubilaciones: Cualquier ex parlamentario que haya cumplido 55 años en el momento de su cese, o los cumpla en el año en que se produzca la disolución de la cCámara, y no tenga otro empleo, se convierte en una especie de prejubilado de oro, ya que tiene derecho a seguir dado de alta en la Seguridad Social, con cargo al dinero público, hasta que alcance la edad de jubilación. Este privilegio debería desaparecer con la reforma propuesta por las Cortes.
4-. Ayuda económica por falta de pensión: Actualmente, los diputados y senadores que hayan ocupado menos de siete años el cargo -y que por tanto no tienen derecho a la pensión parlamentaria- pueden solicitar una ayuda ecónomica, de la que también pueden beneficiarse sus hijos y viudos. La propuesta de Bono y Rojo no elimina por completo este privilegio, pero exige el acuerdo de tres quintos de los miembros de derecho las Mesas Conjuntas (10 votos).
5-. Indeminización para viudos y huérfanos: Los viudos y los hijos menores de 25 años de un parlamentario que haya estado en el hemiciclo al menos siete años tienen derecho a a percibir una indemnización o ayuda, equivalene a dos meses de asignación constitucional por cada año de mandato causante. Es decir, que como mínimo, recibirán el equivalente a 14 meses de los ingresos que tenía el político.
B.- Patrimonio
Sus señorías también deberán hacer públicas sus rentas y bienes a partir de septiembre, según la propuesta de Bono y Rojo, que incluye poder consultar el patrimonio de los parlamentarios desde la web del Congreso y el Senado. Pero habrá que ver cómo queda al final tras el periodo de enmiendas, porque ya hay varias cuestiones sobre la mesa.
El primero, si esa transparencia se ciñe al patrimonio del diputado o se publicita todo el patrimonio familiar. Mientras que el PSOE aboga por lo segundo, para evitar que se utilicen al cónyuge o hijos para encubrir bienes, el PP ha sido mucho más ambiguo y se escuda en que los ministros no hacen públicos los bienes y rentas de sus faatrmiliares. En cambio, desde 2009, es obligatorio por ley que los miembros del Gobierno den a conocer cuál es su patrimonio.
El segundo es si esa publicidad del patrimonio incluye las acciones o participaciones en sociedades, como piden algunos grupos.
A buen seguro que ambas cuestiones van a abrir un serio debate . Hace un años no fue posible el acuerdo por la resistencia de los diputados con más acaudalados a dar a conocer su patrimonio por el morbo que generaría. El Congreso y el Senado se limitaron a publicitar la declaración de intereses, es decir la relación de sus actividades extra ya sea en empresas privadas, universidades etcétera.
C. Incompatibilidades
Tener un único trabajo deberá ser la máxima que se han de aplicar diputados y senadores. La tercera y última medida aboga por que la “dedicación absoluta” a la que obliga la ley a los diputados y senadores sea una realidad. En la actualidad, la norma establece que el mandato de los diputados y senadores es “incompatible” con “cualquier otro puesto, profesión o actividad” ya sean públicos o privados y que esté retribuido.
El problema es que la propia ley recoge una serie de excepciones que se han convertido en la regla: de los 350 diputados que tiene la Cámara Baja sólo 48 se dedican en exclusiva a las responsabilidades que le exige su escaño.
El resto, el 96%, compatibilizan sus escaño con ingresos de actividades públicas o privadas extras. En la mayoría de los casos se trata de tertulias, conferencias, actividades de docencia en la universidad o la publicación, que son algunas de las excepciones que permite la ley.
Pero también hay un elevado número de abogados y de diputados que compatibilizan su cargo con el de alcalde o concejal, ya que es el único cargo electo compatible con el escaño en el Congreso aparte de los miembros del Gobierno. Además, son muchos también los que forman parte de consejos de administración de empresas públicas, cajas de ahorros o fundaciones.
La Comisión del Diputado es quien debe permitir estas actividades en cumplimiento con la ley. Por eso, Bono y Rojo proponen que éste órgano limite las excepciones y aplique con más rigor la dedicación absoluta de los parlamentarios.
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