(Ciudad Juárez, México). Los contados días en los que no se produce ningún asesinato en Ciudad Juárez son considerados por los directores de los periódicos como noticia destacada de primera página. En la edición del 17 de junio, mientras todo el país lamentaba la pérdida del partido de su selección ante Francia en el Mundial de Fútbol, el diario El Norte tomaba nota de una asombrosa imagen de las calles de la ciudad fronteriza: había paz.
“Cero asesinatos durante el partido”, celebraba en su portada al día siguiente.
La mayor parte de los días las muertes violentas son algo tan habitual que a menudo aparecen en segundo plano o relegadas a la sección de sucesos.
Cinco personas tiroteadas en un bar o un policía secuestrado y decapitado ya no es una gran noticia en Ciudad Juárez. Solo nuevos niveles de brutalidad, como la masacre de 13 estudiantes de instituto y dos adultos en una fiesta o la colocación de un coche bomba en la calle provocando la muerte de 4 personas pueden abrir los boletines informativos.
Todas estas muertes son contabilizadas por los medios y añadidas a las “estadísticas de ejecuciones” que se publican de vez en cuando, acompañadas de gráficos. La macabra cifra de esas estadísticas alcanzaba en junio ya los 5.500 muertos, contabilizados desde enero de 2008.
El 99 por ciento de los delitos que se cometen en México quedan impunes, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y la Justicia tiene pendientes más de 400.000 órdenes de arresto.
Analistas, ciudadanos y grupos de empresarios se hacen una simple pregunta: ¿Por qué la policía y los soldados son incapaces de parar esta carnicería? La violencia estalló en la ciudad mexicana en enero de 2008, cuando el cártel de Sinaloa declaraba una guerra abierta a sus viejos socios del cártel de Juárez por el control de las multimillonarias rutas de contrabando de droga en la zona fronteriza con EEUU.
“Recibí información confidencial de que esa guerra se produciría y que sería muy cruel, con muchas muertes”, recuerda el alcalde de la ciudad, José Reyes. “Nuestra fuente dijo que empezaría el 6 de enero, justo después de las vacaciones de Navidad. De hecho, empezó el 5 de enero”.
En los meses siguientes, las bandas empezaron a matar a sus rivales a un ritmo frenético, al tiempo que ejecutaban también a docenas de agentes de la policía local.
“Estaban matando policías por todas partes, muchas veces porque los agentes también estaban implicados en el crimen organizado y otras como estrategia para operar más fácilmente en la ciudad”, dice Reyes. “Y les funcionó. A los policías les daba miedo patrullar e incluso salir a la calle”.
En marzo de 2008 Reyes admitió que el Gobierno municipal estaba abrumado por la situación y pidió al Gobierno federal que asumiese el control de la ley y el orden en la ciudad. Esa situación continúa vigente hasta la fecha.
Además, al tiempo que llegaban oleadas de soldados y policía federal, la policía municipal fue “purgada” de 600 agentes sospechosos.
Mientras la violencia continuaba su escalada a lo largo de los dos siguientes años, el Gobierno federal siguió enviando más y más fuerzas de seguridad a la ciudad, llegando a sumar 10.000 efectivos entre soldados, policía federal y agentes locales.
No obstante, un agente federal de alta graduación que prefiere permanecer en el anonimato asegura que la efectividad de las fuerzas de seguridad es limitada porque no hay suficiente capacidad de investigación. Solo unos 100 agentes, el uno por ciento del total, están especializados en investigación criminal y servicios de inteligencia, apunta.
“Los soldados y la policía federal pueden buscar coches y tirar puertas abajo, pero eso no tiene mucho impacto en los cárteles”, explica. “Se necesitan trabajos de inteligencia e investigación para cazar esta presa”.
Otro problema, añade, es la enorme base social que tienen estas mafias en Juárez.
Los cárteles disponen de una enorme cantera social para reclutar a sus matones, espías y traficantes, especialmente en los barrios marginales al oeste de la ciudad. Después de ejecutar golpes rápidos, los asesinos se pueden camuflar tranquilamente en sus barrios y esconderse en una ingente red de pisos francos que tienen a su disposición. “La red social que tienen lo hace todo muy complicado”, reconoce el agente federal. “Y va aún a peor”.
Además, algunas voces críticas aseguran que las fuerzas federales podrían estar trabajando a favor de ciertos mafiosos. Varios intelectuales y periodistas mexicanos, además de un diputado federal del partido del presidente Felipe Calderón, han acusado a la administración mexicana de ser blanda con el cártel de Sinaloa y de no perseguir a sus líderes.
Precisamente uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, apareció retratado recientemente en la portada de la principal revista de México, Proceso, pese a existir una recompensa de 5 millones de dólares por su cabeza.
En las calles de Juárez muchos ciudadanos van aún más lejos y aseguran que las fuerzas federales podrían estar matando en nombre de las bandas criminales. “Resulta muy sospechoso que cuando hay una masacre las tropas siempre llegan tarde”, dice Alberto Domínguez, del Frente Nacional contra la Represión, un grupo de izquierdas que reclama la retirada de la ciudad de las fuerzas federales.
Grupos de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, han denunciado varios casos de desapariciones de personas a manos de las fuerzas gubernamentales desplegadas en la ciudad. Enrique Torres, portavoz de la operación gubernamental en Ciudad Juárez, asegura que cualquier agente acusado de tortura o desapariciones es investigado exhaustivamente y castigado en consecuencia.
“En cualquier operación se pueden encontrar conductas erróneas. Y estamos investigándolo todo”, dice. “Pero no hay prueba alguna de corrupción sistemática. Las tropas están trabajando en un entorno muy complejo”.
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