Hemos armado al Cártel de Sinaloa, es repugnante”. La frustración del jefe en México de la Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de Estados Unidos (ATF), Carlos Canino, es sintomática. Al menos 122 armas decomisadas en escenarios de crímenes relacionados con el narcotráfico desde 2009 procedían del otro lado de la frontera y, lo que es peor, llegaron a los cárteles con el beneplácito del Gobierno estadounidense.
Una misión secreta organizada por la ATF para perseguir a de los jefes del narcotráfico mexicano y detectar de dónde proceden sus arsenales –bautizada como Fast & Furious–, ha permitido deliberadamente que cientos de armas legales llegaran a manos de cientos de traficantes.
De hecho, de las 75.000 armas decomisadas por el Gobierno de México desde la llegada al poder de Felipe Calderón en 2006, el 80% han sido rastreadas hasta armerías del otro lado de la frontera con Estados Unidos. Y no se trata de simples pistolas. Entre las armas decomisadas hay hasta 41 rifles de as alto Ak-47, varias ametralladoras de gran calibre e incluso algún que otro lanzagranadas. Un arsenal como para armar un ejército.
El Gobierno estadounidense ha reconocido que su error no ha hecho más que empeorar la situación. Un informe publicado por el servicio de estudios del Congreso afirma que a lo largo de la frontera, los cárteles de la droga mexicanos tienen hasta 17.000 puntos donde adquirir armas procedentes de territorio ‘gringo’.
El procedimiento es simple, un miembro de la organización compra las armas por mediación de ciudadanos norteamericanos, quienes a cambio reciben entre 50 y 100 dólares.
Con este modus operandi, desde el inicio de la operación Fast & Furious, las autoridades estadounidenses permitieron que 2.000 armas llegarán a los narcos a lo largo de un periodo de 15 meses. Todas se compraron en el área de Phoenix y reportaron a los intermediarios unos beneficios de casi un millón de dólares.
Un memorando interno del Departamento de Justicia afirmaba que la los cuerpos de seguridad estaban “monitoreando a los compradores” para llegar hasta los vendedores, aunque reconocían que “no estamos arrestando a ninguno de ellos”.
Sin embargo, ese control se demostró insuficiente. La ATF y la policía mexicana solo lograron recuperar 233 antes de que se cometiera con ellas algún crimen. Otras 797 fueron confiscadas como resultado de actividad criminal en ambos lados de la frontera.
Más de 40.000 muertos
La situación es límite. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales establece en un estudio que en el 90% de los delitos cometidos en México se utilizan armas compradas legalmente en armerías de Estados Unidos, que después se cruzan ilegalmente a través de la frontera para ser vendidas a delincuentes y organizaciones criminales.
Desde que Felipe Calderón asumió el poder en diciembre de 2006, más de 40.000 personas han muerto en México en hechos relacionados con el crimen organizado y la encarnecida guerra que libran los cárteles del narcotráfico por el control de la ruta de la droga que es vendida en Estados Unidos, principal consumidor de cocaína del mundo.
Además de para las armerías, el negocio de la droga es también ampliamente lucrativo para los bancos estadounidenses. Según un informe publicado por 'The Guardian', una sola entidad financiera, Wachovia, blanqueó 378.300 millones de dólares entre el 1 de mayo 2004 y el 31 de mayo de 2007.
Pero su caso no es único, todos los bancos importantes de EEUU han sido en un momento u otro socios financieros activos de los criminales cárteles de la droga: Bank of America, Citibank, JP Morgan, así como otros bancos extranjeros que operan en Nueva York, Miami y Los Ángeles, han participado, con conocimiento o no, en la guerra de los Cárteles.
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