MARTA PLASENCIA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
Los funcionarios implicados en presuntas irregularidades detectadas en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife cobraban unos 300 euros por cada multa que ‘eliminaban’, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS. Durante el día de ayer, 11 de los detenidos, que ya ascienden a 15 personas por este caso, prestaron declaración desde primera hora ante el magistrado Nelson Díaz Frías, titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Arona. Estas 11 personas, al igual que ocurrió con las cuatro que declararon a principios de esta semana, finalmente fueron puestos en libertad provisional y sin fianza, teniendo que comparecer cada 15 días. Los delitos que se les imputan son cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos y negociaciones prohibidas a funcionarios.
Entre los implicados se encuentran seis funcionarios de Tráfico, dos de ellos jefes: M.J.P.O., de la sección de Canje de Permisos de Conducir; y su pareja J.M., de la sección de Sanciones. Entre los otros detenidos también hay un miembro del Colegio de Gestores y un trabajador de una gestoría de La Laguna; el resto serían mediadores entre los ‘clientes’ y los funcionarios, entre ellos, el dueño de un taller mecánico de vehículos, ubicado en Guía de Isora y natural de Venezuela.
Las pesquisas se iniciaron en el mes de noviembre de 2009 después de que desde la propia Jefatura se detectaran algunos desfases en la entrada y salida de sanciones. Los primeros datos apuntaban a un implicado en el Sur de Tenerife, por lo que el Juzgado de Instrucción número 7 de Arona se hizo cargo de las investigaciones.
Durante estos meses, los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación realizaron pesquisas, llegando a ‘pinchar’ los teléfonos de los sospechosos, según informaciones recabadas. Gracias a las mismas, y tras reunir pruebas concluyentes, se procedió a las detenciones. Éstas se llevaron a cabo durante este fin de semana.
En cuanto a las personas que ayer declararon en los juzgadosde Arona, varias negaron los hechos y, según algunas fuentes, algunas se dedicaron a echarse la culpa mutuamente. Las investigaciones realizadas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en relación a este caso han destapado otro fraude en la administración pública. Al parecer, según fuentes consultadas por este periódico, los funcionarios implicados en la destrucción de multas también se dedicaban a convalidar permisos de conducir de ciudadanos venezolanos, medio pago de entre 3.000 a 6.000 euros por carné. En esta nueva línea de investigación estaría involucrada una gestoría ubicada en La Laguna.
De momento, el juez Nelson Díaz Frías ha decretado el secreto de sumario, ya que la operación continúa abierta y pueden producirse más arrestos, incluso, de personas con cargos de más responsabilidad dentro de la Jefatura Provincial de Tráfico, así como varios guardia civiles y al menos un policía nacional adscritos a puestos del Sur de la Isla.
Los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación contaron también con el apoyo y la colaboración del Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil.
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