Han sido necesarios dos años de investigaciones para encajar las piezas del puzzle y desenmascarar a los presuntos asesinos de Manuel Díaz Calo, el empresario que en octubre de 2008 fue apaleado hasta la muerte en su chalé de Sanlúcar del Guadiana. La Guardia Civil confirmó ayer que da por cerrada la investigación del brutal crimen con la detención de un grupo de seis personas -cinco hombres y una mujer - , tres de ellos como cooperadores necesarios y otros tres como supuestos autores materiales del asesinato, que ya se encuentran internados en prisión por orden del juzgado de Ayamonte encargado de la investigación.
Bautizada como operación Alameda, nombre de uno de los negocios que regentó el empresario en la capital, los arrestos de los supuestos autores y sus cómplices se han ido produciendo por goteo desde marzo de 2009 hasta el pasado noviembre. Con la única excepción de un ciudadano español, todos los detenidos son de nacionalidad rumana pero no pertenecen a ningún grupo criminal organizado ni tenían relación alguna con la víctima. El grupo actuó por su cuenta con un único móvil: el económico.
Según la Guardia Civil, la muerte de Díaz Calo se descubrió después de que la furgoneta de la víctima apareciera abandonada en un paraje próximo a la localidad de El Granado, lo que puso en alerta a la Guardia Civil, que se personó en el domicilio y descubrió en su interior el cuerpo sin vida del hombre. En paralelo a esta versión, el jardinero de la finca, Ángel Franco, dijo entonces que comenzó a observar que la puerta de la casa permanecía continuamente abierta, algo que era del todo inusual en la vivienda (la puerta de entrada fue forzada), por lo que fue él quien dio la voz de alarma e informó de esa circunstancia al Instituto Armado.
Los agentes descubrieron además el hueco vacío de una caja fuerte que se encontraba empotrada en una pared, que había sido arrancada y se localizó (abierta) cerca del camino en el que fue hallado el vehículo del empresario. El cadáver del empresario, ya en estado de descomposición (llevaba al menos cuatro días muerto), fue encontrado en el suelo en un dormitorio totalmente molido a golpes y amoratado: le quitaron la vida a palos con una violencia sobrecogedora.
El cadáver se encontraba semicubierto con una sábana y tenía los pies atados (al parecer con su mismo cinturón) mientras el resto de la estancia estaba totalmente revuelta, como si los asesinos del empresario buscaran algo (la caja fuerte).
Los meses posteriores al asesinato resultaron absolutamente infructuosos y fue ya en marzo de 2009 cuando los investigadores de la Policía Judicial tuvieron un primer hilo del que poder tirar tras la detención de dos personas, un ciudadano español (residente en la provincia) y otro rumano, a los que se considera cooperadores necesarios del ataque mortal a Díaz Calo.
Después del verano de aquel año, las indagaciones apuntaron a otros dos individuos , que la Guardia Civil llegó a localizar en Rumanía. Los investigadores cursaron a las órdenes de detención y extradición, trámites que se han hecho esperar hasta que finalmente el 11 de octubre de 2010, la Policía Judicial pudo interrogar a estos dos hombres. A raíz de ahí, se ha destapado la presunta participación de otras dos personas y el pasado noviembre se detuvo a una mujer acusada de cooperación necesaria y hace sólo dos semanas se procedió a la localización y arresto del tercero de los presuntos autores materiales del crimen del empresario.
Aunque la Guardia Civil mantiene en reserva las detalles del asesinato, al asegurar que el instructor guarda aún el secreto de sumario, el grupo ideó el asalto al chalé para robar al empresario. Lo ataron y golpearon para sonsacarle dónde guardaba el dinero y siguieron moliéndolo a palos para conseguir que les diera la clave de la caja fuerte. A Calo, su silencio le costó la vida. No se ha podido determinar la cantidad que el grupo robó al empresario, que días antes del asalto realizó varias operaciones bancarias por importantes sumas de dinero.
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