Vuelve el secuestro de jóvenes

Marcela Valente
IPS


Ocho secuestros y decenas de ataques y amenazas han sufrido en los últimos 16 meses jóvenes del Movimiento de los Chicos del Pueblo, un conglomerado de organizaciones sociales de Argentina que lleva adelante la campaña cuyo lema es "el hambre es un crimen".

La abogada del Movimiento, Laura Taffetani, declaró a IPS que "la fiscalía no ignora que el grupo (agresor) viene de una fuerza de seguridad estatal o paraestatal por los vehículos, las armas y la tecnología que maneja". Y denunció que "el Estado debería actuar y no lo está haciendo".

El último secuestro se registró el 24 de este mes y la víctima fue Emmanuel San Martín, de 22 años, quien vive y trabaja en el Hogar Juan XXIII de la congregación católica Don Orione. Este joven salió de compras al mediodía cuando fue introducido por la fuerza en un vehículo. Apareció cinco horas después, pero en el ínterin sus captores enviaron mensajes con amenazas de muerte.

"Uno de los cuatro que iba en el auto bajó con un arma larga y con la cara descubierta lo obligó a subir", contó a IPS el padre Luis Espósito, director del Hogar que es una de las organizaciones que integran el Movimiento de los Chicos del Pueblo y que ya sufrió cuatro secuestros, tres de ellos al mismo joven San Martín.

En el hogar viven en forma permanente 20 menores de 18 años y hay ocho educadores, uno de los cuales es San Martín.

Los educadores no son maestros sino jóvenes que están a cargo de la crianza de los más pequeños, explicó el director de la organización.

Los captores utilizaron el teléfono móvil del joven para enviar mensajes de texto amenazantes al Hogar y a otros allegados. "Tenemos a uno de ustedes, al que más queríamos. ¡¡Bingo…es un pibe menos!!". "Dejate de joder con la campaña ‘El hambre es un crimen’". Y "te vamos a matar, dejen de joder de una vez con esa campaña".

Horas después de llevarlo a un galpón y de golpearlo, San Martin, que había sido secuestrado en la localidad de Gerli, una localidad metropolitana al sur de Buenos Aires, fue liberado en el barrio de Palermo, en la capital argentina, desde donde se comunicó con el Hogar. "Está bien pero muy asustado, es la tercera vez que le pasa", contó el sacerdote.

Los otros secuestros tuvieron como víctimas a jóvenes de la Fundación Pelota de Trapo y de La Red El Encuentro, que tiene 19 centros en distintos barrios. Las dos, como el Hogar, pertenecen al Movimiento de Chicos del Pueblo que, a su vez, forma parte de la Central de Trabajadores de Argentina, una de las dos grandes agrupaciones de sindicatos de Argentina.

La Fundación sostiene un hogar para 60 niños y adolescentes, una casa de día para 200 menores que participan de actividades, una imprenta y una panadería en la que trabajan los miembros de la organización y aportan recursos a su sostenimiento.

"El Movimiento tiene cientos de organizaciones en todo el país, pero los grupos atacados estamos en el conurbano (en los alrededores de Buenos Aires)", declaró a IPS Paula Tierno, de Pelota de Trapo.

Tierno explicó que las entidades se sostienen con becas, donaciones, o con recursos propios, ya se de congregaciones o de proyectos.

Los dirigentes de las organizaciones están desorientados. Saben que los ataques se producen por la campaña que llevan adelante desde 2001, "El hambre es un crimen. Ni un pibe menos", porque los mismos agresores se encargan de remarcarlo cada vez que emiten una amenaza o que secuestran a un integrante.

Mediante actos, festivales y marchas, la campaña denuncia que, mientras Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, su población, estimada en 40 millones, tiene 70 por ciento de menores de 18 años con hambre o mal alimentados.

"La campaña se sostiene desde hace tiempo y no depende de un partido (político), es una lucha por la vida", dijo el sacerdote. Añadió que es una denuncia que pone de manifiesto el contraste entre los niveles de crecimiento económico en el país y la persistencia del hambre y la miseria. "Pudo haber afectado intereses", especuló.

El religioso indicó que lo que más llama la atención es "la capacidad operativa importante" que tienen los agresores. "Nosotros no los conocemos aunque actúen a cara descubierta, en cambio ellos sí nos tienen identificados", dijo. Tienen automóviles nuevos, armas largas, y tecnología para intervenir líneas telefónicas, denunció.

"Pero además de las muestras de poder, se ve que gozan de mucha impunidad porque operan a plena luz del día", remarcó.

En este sentido, la abogada señaló que esa impunidad, sumada a la capacidad logística y la reiteración de los hechos permite sospechar que se está ante un grupo ligado a fuerzas de seguridad. "Evidentemente estamos tocando intereses muy fuertes, ¿cuáles? Es la pregunta del millón", ironizó.

Taffetani explicó que las víctimas son siempre educadores o miembros de la campaña con muy bajo perfil. No son dirigentes de las entidades que integran el movimiento, ni siquiera su segunda línea. "Los investigadores nos explican que eso significa que buscan repercusión interna en el Movimiento, no externa", dijo.

La letrada dijo que el fiscal que investiga los secuestros del Hogar Juan XXIII "está comprometido" pero le faltan recursos. "Pedimos a la procuración de la provincia de Buenos Aires un fiscal auxiliar que se aboque a esta causa y nos dijeron que sí en diciembre, pero después no lo mandaron porque dicen que no disponen de gente".

La abogada comentó que en el gobierno nacional tuvieron la misma suerte. En diciembre los recibió el entonces ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández –hoy jefe de gabinete ministerial-- y prometió poner una brigada a investigar el tema y custodiar los hogares afectados. Pero en un mes retiraron el apoyo policial.

Ahora, a raíz del último secuestro, el Hogar Juan XXIII tiene un custodio policial en la puerta. "Pero después del último hecho, y no sé por cuánto tiempo", dijo el cura.