El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha sido bendecido con el don de la oportunidad. En plena crisis abierta con Marruecos en la frontera de Melilla, los recortes del Ejecutivo socialista afectarán a los 14 agentes de la BRIC (Brigada de Respuesta a la Inmigración Clandestina) que prestan servicio en el paso de Beni Enzar.
Fuentes policiales informaron a LA RAZÓN de que, a partir del próximo 1 de septiembre, como muy tarde el 1 de octubre, los agentes que se emplean a fondo en mantener la calma en la frontera con Marruecos no contarán con el apoyo fundamental de la BRIC. Esta unidad policial se encarga de verificar la autenticidad de los pasaportes de los inmigrantes que intentan cruzar a España, por lo que es clave para identificar a los clandestinos. «Están entrenados para ello y cuentan con los medios necesarios», aseguran esas mismas fuentes.
Además de la BRIC, también la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antiguos antidisturbios, se han visto afectados por los recortes impulsados por el Ejecutivo. De hecho, los 45 agentes de esta unidad que prestaban servicio en la frontera se han reducido este mismo año a 28.
Pero la medida no se limitará a los agentes desplegados en el puesto fronterizo de Melilla, sino que afectará a los 150 policías que integran la BRIC, que prestan servicio en las fronteras españolas. El Gobierno busca ahorrarse con esta iniciativa los 70 euros diarios que desembolsa por cada uno de ellos en concepto de dietas para comidas y alojamiento.
La labor que desarrollan estos policías al verificar la autenticidad de los pasaportes es determinante, pues también contribuyen a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
En la actualidad hay desplegados un centenar de agentes de las Fuerzas de Seguridad en la frontera de Melilla, de los que nueve son mujeres. Lejos de desarrollar tareas de oficina, están en la primera línea del paso fronterizo y son las que en esta ocasión se han llevado la peor parte en la enésima crisis con Rabat en la frontera melillense.
Los sindicatos policiales denuncian que sus compañeras han sido víctimas de insultos y agresiones por parte de ciudadanos marroquíes que no reconocen su autoridad. Un veterano policía buen conocedor de la zona asegura a este periódico que estas provocaciones no son algo nuevo, pero que en las últimas semanas se han intensificado dando lugar a una situación que no tiene precedentes. ¿Cuál es el motivo? Este agente lo tiene claro: «Cada vez que Rabat presiona a España, busca algo. En Marruecos no se mueve nada sin el consentimiento de Mohamed VI».
«Marruecos ha empleado la presión migratoria como arma contra el Gobierno español y en cuanto Mohamed VI dé la orden el conflicto se acaba de un día para otro», añade. Entre los años 2006 y 2007, el Gobierno español puso en manos de las autoridades de Marruecos 20 millones de euros y abundante material para perseguir la inmigración ilegal tras las avalanchas humanas que se produjeron en la frontera de Ceuta y Melilla, lo que acalló las protestas de Rabat de forma inmediata.
Las mujeres se sienten «humilladas» y no tienen ganas de hablar. Las fotos que colgaron en la verja fronteriza, donde se les reconoce perfectamente les pueden perjudicar a nivel personal, aseguran sus compañeros, porque «Melilla es una ciudad muy pequeña». Los mandos policiales tratan de no dejarlas solas en sus turnos e intentan alejarlas de los puestos más conflictivos, sobre todo si la jornada se antoja problemática. Pero ellas tienen su pundonor. Algunas son veteranas en el Cuerpo y prestan servicio en Melilla desde hace treinta años.
La respuesta marroquí, no obstante, se ha traducido en cinco denuncias por brutalidad policial de tintes racistas contra las Fuerzas de Seguridad españolas. Y eso que algunas de las agentes son musulmanas y están casadas con musulmanes, lo que deja en evidencia las críticas racistas
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