El presidente de la Asociación de Comerciantes de Valladolid (Avadeco), Alejandro García, era sólo un niño cuando un inspector le sorprendió "haciendo un trabajo en el ordenador de la tienda de sus padres". Al ver que era un menor detrás de un mostrador, pidió explicaciones y documentación.
Actualmente, no es raro encontrarse a chavales chinos de diez años echando una mano en el comercio familiar, pero éstos "no reciben inspecciones, la normativa laboral para ellos no existe", denuncia ahora García.
Sin embargo, en algunas ciudades ya se han tomado medidas drásticas. Algunas para impedir la competencia desleal, otras para evitar cualquier tipo de competencia. El Ayuntamiento de Valladolid acaba de echar el cierre a un gran centro comercial asiático y los de Alcalá de Henares (Madrid) y Alcalá de Guadaira (Sevilla) han sido los primeros en prohibir nuevas aperturas de todo a cien chinos en la zona del casco histórico. Pocos meses después, el madrileño terminó ampliando este coto a toda el área metropolitana.
Limitar las aperturas
Los comerciantes de Guadalajara también han animado a su consistorio para que limite la apertura de locales regentados por chinos, algo que podría acabar haciendo. Y en el resto de ciudades, aunque no llegan a ese extremo, sus asociaciones de comerciantes se limitan a exigir que se dé el mismo trato a todos. "No se puede discriminar a nadie por su origen, no puedes meterte a poner puertas al campo y violar la libertad de mercado. Sólo pedimos que se cumpla la ley", aseguran las distintas asociaciones.
Yi Qun Zhu, dueño de uno de los muchos bazares orientales que hay en Valladolid, asegura que los controles son "trabajo de la administración municipal" y no de la gente que "habla y habla". Pero García protesta porque es más difícil hacer un expediente a un todo a cien chino que a un local con dueños españoles. Es prácticamente imposible identificar a sus trabajadores y muchos de ellos no saben hablar nuestro idioma.
Eso les da una gran ventaja para sortear la ley. Las reformas de El Corte Chino -una de las mayores plataformas de este tipo en Valladolid, que ya ha sido cerrada por irregularidades, pero que proliferan por todo el país-, se ejecutaron los fines de semana, "cuando no hay inspecciones", bajo una licencia de obra menor. Trampas legales como éstas explican por qué muchas tiendas pueden abrir sólo un mes después de haber comprado el local.
Al emplear a toda la familia sin ningún tipo de convenio laboral, la mayoría de las superficies de menos de 300 metros cuadrados abren los domingos e incluso llegan a "vender por debajo del precio de costo", lo que García considera "competencia desleal" y una "asfixia" al comercio local.
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