El nivel de las pensiones bajará y penalizará a los asalariados
A pesar de las repetidas promesas de no rebajar el nivel de las pensiones, la reforma prevista por el gobierno tendrá las mismas consecuencias que las de 1993 y 2003: una disminución importante del porcentaje de las pensiones con respecto a los salarios. El retraso de la edad legal de la jubilación de 60 a 62 años en 2018 y el aumento del período de cotización a 41,5 años en 2020 harán mucho más difíciles las condiciones para acceder a la jubilación. Puesto que la edad media del cese de la actividad es inferior a los 59 años y que las dos terceras partes de los asalariados ya están fuera del empleo a los 60 años, los que conserven un empleo deberán trabajar durante más tiempo, los demás se verán inmersos en la precariedad no pudiendo cotizar a pesar de que se les quiera obligar a ello.
El proyecto acentúa todavía más la injusticia retrasando hasta los 67 años, la edad en que se tendrá derecho a la jubilación sin descuentos. Por lo tanto, el gobierno no tiene en absoluto en cuenta el hecho de que a los 60 años, la esperanza de vida con buena salud es la mitad de la esperanza de vida normal. Habría que preguntarse si, al querer encontrar una « solución demográfica » a un problema que no lo es, lo que se busca no es en primer lugar la interrupción de la tendencia al alargamiento de la esperanza de vida.
Las desigualdades no se reducirán sino que se agravarán
Todo se conjuga para perpetuar las discriminaciones de las que son víctimas las mujeres. Actualmente, las mujeres perciben una pensión que no representa en promedio más que el 62% de la de los hombres si se incluyen los mecanismos de solidaridad y el 53% si éstos no se incluyen. Bajos salarios, carreras discontinuas, bajas pensiones y mayor edad de jubilación para no sufrir descuentos, ninguno de estos hándicaps se atenuará con la reforma en curso. Efectivamente, los dispositivos de aumento fueron diezmados para las funcionarias en 2003 (6 meses en lugar de un año, por hijo) y para las trabajadoras del sector privado en 2009 (1 año en lugar de 2, por hijo, pudiendo compartir con el padre el segundo año). La posibilidad de incluir durante la baja por maternidad un trimestre de indemnización en el cálculo del salario de referencia para la pensión, no compensará en absoluto las degradaciones precedentes. El proyecto de reforma penalizará también a las madres funcionarias, suprimiendo, a partir de 2012, su derecho a una jubilación anticipada si tienen tres hijos.
Las carreras largas y la peligrosidad son ignoradas
La agravación de las desigualdades va a producirse también a través de las medidas relativas a las carreras largas y la peligrosidad, que conciernen sobretodo a los asalariados que hayan pasado su vida con salarios bajos o muy bajos.
El dispositivo de la ley de 2003 había permitido a los asalariados que habían empezado a trabajar pronto a jubilarse antes de los 60 años: 100.000 por año se habían beneficiado de ello. El gobierno ha juzgado que era demasiado, con la nueva reforma tendrán que esperar dos años más y el número de beneficiarios quedará disminuido a la mitad a partir del 2011.
El Medef puede estar satisfecho del tratamiento de la peligrosidad: solamente se tomará en consideración caso por caso, siendo el asalariado quien debe demostrar con certificado médico que su trabajo ha sido peligroso. La peligrosidad del trabajo se trata como una cuestión de invalidez física, puesto que será necesario un grado de incapacidad de como mínimo un 20% para que esta noción sea reconocida.
Puesto que, en promedio, los individuos disfrutan de buena salud hasta los 63 años, se decide hacerlos trabajar prácticamente hasta esta edad, privándolos así de la posibilidad de disfrutar de algunos años buenos.
Los funcionarios saldrán muy perjudicados
Aumentar el tipo de cotización de los funcionarios en casi 3 puntos significará una rebaja de salario disfrazada, puesto que, a igualdad de cualificación, las pensiones de los sectores privado y público son comparables. Y, contrariamente a las garantías dadas por el gobierno, su proyecto de ley concierne a los empleados del sector ferroviario (regímenes especiales) en todos los puntos aplicados a la función pública. La única diferencia reside en la fecha de aplicación, « solamente » a partir del 2017, puesto que hay que esperar que la contrarreforma de 2007 haya sido totalmente aplicada antes de ir más lejos.
Una máquina de producir desempleo
Retrasar la edad de la jubilación a los 62 años comportará un aumento del paro y de los déficits sociales puesto que la oferta de trabajo no aumentará. En un período de paro como el que conocemos, estas medidas son absurdas, puesto que si se mantiene a los senior en el trabajo, la entrada de los jóvenes en la vida activa se retrasará en la misma proporción. Por cierto, el INSEE acaba de establecer una correspondencia entre el aumento de la tasa de paro de los jóvenes y el aumento de la tasa de paro de los mayores de 55 años. Esta reforma de las pensiones es tan nefasta como las políticas de empleo que se llevan a cabo desde hace treinta años. Se pretende dinamizar el empleo agravando las condiciones del trabajo y de los salarios. Lo que se produce es el efecto inverso: la desvalorización del trabajo en todos sus aspectos acarrea descalificación, precariedad, deterioro de la salud y, a fin de cuentas, atonía de la actividad económica y, por consiguiente, la degradación de las cuentas sociales. La reforma de las pensiones es una declinación de esta espiral descendente.
Una distribución de la riqueza globalmente inalterada que no garantiza la financiación de las pensiones Por más que el gobierno haya hecho oídos sordos, se ha visto obligado a decir que hacía falta encontrar nuevas fuentes de financiación. Pero las nuevas fuentes que ha encontrado le han sido inspiradas por la patronal. De los 32.200 millones de déficits previstos para 2010, cuenta con proveer 3.700 millones de los ingresos por capital. El resto se sacará de los asalariados. El paso del 40 al 41% de los tipos del último tramo del impuesto sobre la renta y el aumento en un punto de las retenciones sobre las cesiones de activos son anecdóticos. A medio plazo, las medidas referentes a la edad y el período de cotización harían entrar en el presupuesto de pensiones 20.200 millones en el 2020 y la rebaja de las pensiones de los funcionarios, 4.900 millones. Al mismo tiempo, 1.400 millones serían transferidos del seguro de paro a las pensiones, a pesar de la debilidad del seguro de paro y de que el subempleo se mantendrá previsiblemente a un alto nivel. Asalariados y parados contribuirán pues con 26.500 millones respecto a los 45.000 millones necesarios. El colmo de la reforma es que no garantiza el tan deseado equilibrio puesto que faltarán 15.000 millones en 2020. ¿Como podría ser de otro modo puesto que la clase burguesa no quiere que las ventajas que ha adquirido desde hace 30 años le sean quitadas, es decir, la extraordinaria desviación del valor añadido en provecho suyo?
Satisfacer a los mercados financieros
La disminución de los ingresos procedentes del trabajo es una de las principales causas de la crisis desatada en 2007. Esta ha provocado un crecimiento considerable de los déficits públicos y sociales. Ahora, de lo que se trata es de saber quien va a pagar los platos rotos de esta crisis. Los mercados financieros, brazo armado de los ricos, quieren doblegar a los Estados, cuyos sistemas sociales se consideran demasiado favorables a los asalariados y la población con ingresos modestos. Día tras día todos los miembros del gobierno disertan sobre la necesidad de calmar a los mercados financieros. Este es el primer objetivo de los planes de austeridad draconianos que se instalan en todos los países europeos, del más débil, Grecia, al más fuerte, Alemania y ello con el apoyo o bajo las intimaciones del FMI.
Una reforma insuficiente para la Comisión europea
La Comisión europea prepara un Libro verde sobre las pensiones que recomendará aumentar la edad de la jubilación para que los individuos no pasen más de un tercio de su vida de adultos jubilados. No se esperaba menos de una Comisión que todavía guarda en sus cajones el proyecto de alargar la duración semanal del trabajo a 65 horas.
Una reforma que deja en la sombra a la capitalización El documento de orientación presentado a mediados de mayo por el gobierno estimaba necesario « promover los mecanismos de ahorro para la jubilación ». Anunciaba « medidas que permitan a un mayor número de franceses completar sus pensiones recurriendo a mecanismos de ahorro-pensión » El cuidado que se pone en el proyecto de reforma por evitar toda alusión a dicha voluntad resulta sospechoso, tanto más teniendo en cuenta que la UMP y el Medef son muy favorables al régimen por capitalización. Habrá que esperarse, en las próximas semanas y cuando se presente el texto en el Parlamento, algunas sorpresas en la materia.
Un proyecto en sentido inverso al de la historia
Detrás de las pensiones lo que está en juego es el lugar del trabajo y del tiempo liberado en la vida, el lugar de los trabajadores y de los jubilados, a quienes no se les reconoce el derecho a la existencia más que como subordinados a las exigencias del capital. Lo que también está en juego es el tipo de desarrollo humano que se promueve: la nueva contra-reforma de las pensiones se corresponde con un modelo del que se excluye la posibilidad de utilizar las ganancias de productividad para reducir la duración del trabajo y ganar tiempo libre y en el que la sociedad está destinada para siempre al productivismo.
* Nota de Correspondencia de Prensa: Jean-Marie Harribey, es Profesor agregado de ciencias económicas y sociales, Maestro de Conferencias en ciencias económicas de la Universidad Montesquieu-Bordeaux IV. Miembro del Consejo Científico de ATTAC y de la Fundation Copernic.
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